La Universidad de Cornell anunció que respaldará una revisión independiente sobre la forma en que gestionó una denuncia de presunta violación grupal ocurrida en 2024, luego de que una demanda civil provocara críticas contra la institución y las autoridades de Nueva York.
El anuncio fue realizado por el rector Michael Kotlikoff el sábado 3 de octubre de 2026. La revisión estará a cargo de un despacho externo y examinará distintos aspectos de la respuesta de Cornell ante el caso, de acuerdo con el mensaje dirigido a la comunidad universitaria.
La denuncia y la investigación penal
La demanda, presentada en septiembre de 2026, sostiene que una estudiante fue drogada, agredida sexualmente y violada por siete integrantes de la fraternidad Chi Phi en 2024. Las acusaciones no han sido resueltas judicialmente y los señalados conservan la presunción de inocencia.
La investigación penal fue transferida al despacho de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, después de que la gobernadora Kathy Hochul la designara como fiscal especial mediante una orden ejecutiva emitida el 1 de octubre de 2026. La decisión siguió a cuestionamientos sobre la actuación de la policía universitaria y de la fiscalía del condado de Tompkins.
Las autoridades locales habían decidido no presentar cargos en 2024. Según la información difundida sobre el caso, consideraron que el testimonio de la denunciante no acreditaba entonces la ausencia de consentimiento; la revisión de las pesquisas deberá determinar si la investigación inicial tomó en cuenta toda la información disponible.
Respuesta de Cornell
Kotlikoff calificó las acusaciones como profundamente perturbadoras y afirmó que Cornell no esperará a que concluyan la investigación penal o la revisión externa para adoptar medidas. La universidad ya había cerrado la fraternidad y suspendido temporalmente a los estudiantes señalados; algunos fueron posteriormente expulsados, según la información disponible sobre el proceso disciplinario.
El caso también generó una ola de apoyo en redes sociales a la estudiante, identificada públicamente únicamente como Jane Doe para proteger su identidad. La investigación estatal y la revisión independiente buscarán esclarecer tanto los hechos denunciados como la respuesta de las instituciones involucradas.