Más de 300 personas acudieron el lunes 24 de agosto al Zócalo de la Ciudad de México para solicitar asesoría y acompañamiento legal gratuito durante el inicio de la Defensoría Social Ponciano Arriaga, programa impulsado por el gobierno capitalino para atender casos de despojo y otros conflictos relacionados con viviendas, terrenos y patrimonio familiar.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, tomó protesta a 100 abogadas y abogados de la Consejería Jurídica local, quienes brindan orientación especializada en materias civil, penal y familiar. La atención busca ayudar a las personas a identificar la situación legal de sus bienes, reunir la documentación necesaria y conocer las autoridades responsables de cada caso.
Desde antes de las 8 de la mañana, ciudadanos llegaron a la Plaza de la Constitución con documentos originales y copias, así como folios y carpetas de investigación. Algunos expedientes corresponden a casos con más de nueve años de antigüedad en alcaldías como Gustavo A. Madero e Iztacalco.
Atención gratuita para víctimas de despojo
En la avenida 20 de Noviembre y en la explanada del Zócalo se instalaron carpas para ofrecer atención personalizada. Además de los casos de presunto despojo, el programa contempla problemas relacionados con herencias, propiedades intestadas, regularización territorial y otros asuntos que pueden confundirse con la pérdida ilegal de un inmueble.
Durante el arranque, Brugada Molina afirmó que las personas que teman perder su casa, terreno, departamento o patrimonio no están solas y cuentan con derechos, defensa y respaldo institucional. La estrategia también contempla la participación del Poder Judicial de la Ciudad de México para orientar sobre el funcionamiento de los juicios, los documentos requeridos y los juzgados a los que deben acudir los ciudadanos.
La Defensoría Social Ponciano Arriaga opera los lunes a partir de las 16:00 horas en la Plaza de la Constitución. El gobierno capitalino prevé ampliar este esquema con una defensoría especializada en relaciones inquilinarias, otra para mujeres y una más para personas adultas mayores.
El programa forma parte de una estrategia integral contra el despojo en la Ciudad de México, que incluye acciones de prevención y regularización de propiedades. Su puesta en marcha busca acercar la orientación jurídica a las personas afectadas y facilitar el seguimiento de sus casos ante las instituciones correspondientes.