El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, fue criticado después de repartir balones de futbol desde una camioneta blindada durante su visita a Quibdó, en el departamento del Chocó, una de las zonas más afectadas por el terremoto de magnitud 7.4 ocurrido el 10 de agosto de 2026.
El sismo dejó cerca de 300 personas muertas, de acuerdo con los reportes disponibles al momento de la visita, además de daños graves en viviendas, edificios e infraestructura de varias ciudades del occidente colombiano. Quibdó y San José del Palmar se encuentran entre las comunidades afectadas.
Durante el recorrido presidencial, los balones llevaban impresa la leyenda “defensores de la patria”. La entrega generó molestia entre habitantes que señalaron que el sistema de salud y la educación enfrentan una situación crítica, mientras continúan las labores de remoción de escombros y atención a las familias damnificadas.
“Un presidente viene a una ciudad donde la salud está colapsada, la educación está colapsada y trae a la gente balones como si nosotros nos fuéramos a levantar encima de los balones”, expresó una damnificada en Quibdó.
Las imágenes del mandatario lanzando los balones se difundieron en redes sociales y provocaron críticas por considerar que la acción no correspondía con la magnitud de la emergencia humanitaria. El exsenador Alexander López acusó al gobierno de actuar con criterios políticos en la distribución de apoyos en el litoral Pacífico.
El expresidente Gustavo Petro también cuestionó la escena y escribió que se había confundido una emergencia humanitaria provocada por el terremoto con un partido de futbol. En la región, comunidades afrodescendientes denunciaron que las ayudas oficiales habían priorizado ciudades como Cali y Pereira.
Por su parte, el senador Iván Cepeda advirtió sobre el riesgo de que habitantes de comunidades rurales, municipios y veredas quedaran fuera de los registros oficiales de afectados. El legislador planteó que el levantamiento de información tenga cobertura territorial completa para incluir a todas las zonas damnificadas.
La controversia se suma a los cuestionamientos sobre la respuesta del gobierno de De la Espriella frente a su primera gran emergencia nacional, mientras miles de personas esperan atención médica, ayuda humanitaria y avances en la reconstrucción de sus comunidades.